Recientemente, El consejo General de la Abogacía (CGAE), incorporando a su hoja de ruta las necesidades actuales en el sector jurídico, ha emitido sendos informes sobre la necesidad de introducir a especialistas en compliance en el ámbito de la empresa.

En concreto, en 2018 el CGAE emitió un informe realizado por su Comisión Jurídica sobre la figura del responsable de cumplimiento normativo o “compliance officer”, por qué es necesaria esta figura -que vendría a ser el máximo responsable en prevención de riesgos societarios- además de en la propia empresa, fuera de su actividad interna.

¿Qué repercusiones tiene este informe en la figura del compliance?

De lo anterior se deduce que las empresas contarán con su propio equipo de compliance y, además, tendrán que contar con un experto fuera de la empresa que fiscalice esta actividad desde fuera, una especie de experto en compliance con actividad in vigilando para con los intereses de la sociedad.

Por lo tanto, las oportunidades para los futuros expertos en compliance se multiplican exponencialmente, ya que en España la figura del experto en prevención de riesgos penales aún no forma parte de nuestro tejido empresarial, y estos no sólo formarán parte de la empresa, sino que actuarán de forma externa para las mismas.

En efecto, la figura capaz de fiscalizar los riesgos penales de la empresa –tras la aprobación del artículo 31 bis del Código Penal-, el oficial de cumplimiento o compliance officer, deberá ser un abogado, pues dispone de conocimiento en materia legal y podrá contar con la capacidad de evaluar los riesgos penales de la sociedad, y operará externamente a la empresa, combinando su actividad con la de expertos en la materia que formen parte de la plantilla (in-house lawyer).

Todo lo descrito nos lleva a cuestionarnos si la maquinaria de nuestro mercado tiene la capacidad de cubrir esta gran oportunidad laboral desde el punto de vista formativo.

Compliance en España

Determinar el sistema Compliance de Estados Unidos, con las obligaciones, protocolos, planes de prevención y reacción de las empresas estadounidenses cuando operen a nivel nacional o internacional son los objetivos principales del curso Regulatory Compliance and US Law, que organizado por  Economist & Jurist School y que se  desarrolla en la prestigiosa Law School de la Universidad de Fordham, en Nueva York (en el Lincoln Center).

Por otro lado, el reglamento establece que los asegurados, partícipes o mutualistas podrán solicitar que las cantidades aportadas que no fueran objeto de reducción en la base imponible lo sean en los cinco ejercicios siguientes, en relación a los excesos de aportaciones a los sistemas de previsión social.

Dicha solicitud deberá llevarse a cabo en la declaración del IRPF que corresponda al ejercicio en que las aportaciones realizadas no fueran o no hubieran podido ser objeto de reducción debido a la insuficiencia de base imponible o por rebasar el límite porcentual establecido en el artículo 52.1 de la Ley del Impuestocomo relata el proyecto del reglamento, adelantado por ‘Expansión’. Por ello, se deberá respetar los límites que recoge la Ley del Impuesto a la hora de realizar la imputación del exceso.

Por ello, la determinación de la parte del exceso que corresponde a las aportaciones del contribuyente y contribuciones imputadas por el promotor, se ejecutarán en proporción a los importes de las respectivas aportaciones y contribuciones, siempre que en el período impositivo en que se produzca dicho exceso concurran unas y otras.

En el caso de que confluyan aportaciones realizadas en el ejercicio con aportaciones de ejercicios previos que no fueran objeto de reducción por insuficiencia de base imponible o por exceder el límite porcentual citado en el artículo 52.1 de la Ley del Impuesto, interpretarán reducidas, primero, las aportaciones de años anteriores.

De la misma manera, el reglamento anteriormente citado, engloba también aquellos preceptos en los que se hayan llevado a cabo aportaciones por el contribuyente y contribuciones imputadas por el promotor a los sistemas de previsión social en los períodos impositivos de 2016 a 2020, que no hubieran podido ser objeto de reducción en la base imponible por insuficiencia de la misma o por haber rebasado el límite porcentual establecido en el artículo 52.1 de la Ley del Impuesto y que a día 1 de enero de 2021 aún se encuentren pendientes de reducción.

Por tanto, se entiende que las cantidades pendientes de reducción afectan a las contribuciones imputadas por el promotor, con el límite de las contribuciones imputadas en los periodos impositivos. En este caso, corresponderá a las aportaciones del contribuyente el exceso sobre dicho límite.

Como establece la ley del IRPF, el límite para establecer una reducción en los planes de pensiones, es la cantidad menor entre el límite máximo de 10.000 en conjunto o el 30% que resulta de sumar los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas conseguidas de manera individual en el ejercicio.

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(FUENTE: Economist & Jurist)

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